REFLEXIONES ACERCA DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE LISBOA

REFLEXIONES ACERCA DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DE LISBOA

 

Las jornadas de información sobre los objetivos y fines del Centro de Estudios Judiciales de Lisboa, República de Portugal, se desarrollaron  el  7 y 8  de mayo  de 2015.

En ellas, luego de una introducción sobre los orígenes del Centro de Estudios Judiciarios, de la que se puede destacar que fue creado en el año 1979, con personalidad jurídica dependiente del Ministerio de Justicia de la República Portuguesa, destinado a la formación profesional de los magistrados judiciales y del ministerio Público, como además complementariamente para desarrollar actividades de formación  para abogados y procuradores a solicitud de los órganos respectivos, así como también cursos de actualización y perfeccionamiento para los funcionarios y personal de la justicia, comenzando con su actividad  de formación profesional para  Magistrados en el año 1980, se expuso sobre las funciones y objetivos del centro.

Así se mencionó que las funciones que competen al Centro de Estudios Judiciarios son: a) De organización; b) Reclutamiento y selección de magistrados;  y c) Formación de magistrados, desarrollando su misión en el ámbito nacional y también  Internacional.

Se destacó que la principal misión del  CEJ es la formación de los magistrados; siendo de su competencia  entonces  asegurar la formación inicial y continua de los magistrados judiciales y del Ministerio Público ante los tribunales judiciales y ante los tribunales administrativos y fiscales.

Se sostuvo que es  competencia del CEJ la formación de jueces o de los candidatos judiciales de países extranjeros, asegurar la ejecución de actividades  capacitación con otras organizaciones internacionales o redes de formación de las que forma parte y protocolos de cooperación establecidos con entidades extranjeras del mismo género, en particular, aquellas de países de lengua portuguesa.

Además se expuso  que constituye otra misión del CEJ impulsar y desarrollar actividades de investigación y estudio en el ámbito del poder judicial y asegurar acciones de formación jurídica y judicial dirigidas a abogados, procuradores y a otros sectores profesionales integrantes del poder judicial, así como cooperar en actividades similares organizadas por otras instituciones.

En relación a la  legislación  en la que se enmarca la actividad que lleva adelante el CEJ,  se dijo que ésta  se encuentra regulada principalmente  por la  Ley 2/2008 del 14 de enero, que establece las normas que rigen el ingreso a las magistraturas, la formación de magistrados y la naturaleza, estructura y funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales;  por el Decreto 965/2008 del 29 de agosto que aprueba los estatutos del Centro de Estudios judiciales; y por el reglamento interno del Centro de Estudios Judiciales que fue publicado en el Diario de  La República, Serie II, del 5 de agosto de 2009.

En cuanto a la estructura y organigrama bajo la que se conforma el CEJ, se explicó que éste depende de un Consejo General que está  a cargo de un Director,  del que a su vez dependen el Consejo  Pedagógico y el Consejo de Disciplina, integrados  además por dos directores adjuntos, de los que dependen los Coordinadores  de Distrito y de estos, los Entrenadores en los Tribunales. A su vez, bajo  el Director se encuentran el Departamento de Formación (DEF), el Departamento de Apoyo General (DAG), el Departamento de Relaciones Internacionales (DRI), y la Oficina de Estudios Judiciales (GAEJ).

 

Sobre el ingreso a la formación inicial.

Respecto a la formación inicial  impartida por el CEJ, se refirió que el ingreso a ella, por parte de  los magistrados se realiza a través de concursos públicos, cuya convocatoria es publicada en el Diario de la República y cuyo procedimiento consiste en la utilización de varios métodos de selección.

Tales concursos pueden tener como finalidad ocupar las vacantes de las magistraturas judicial y del ministerio público, como también la de ocupar las vacantes de los jueces de los tribunales administrativos y fiscales.

Así, en relación a los requisitos de los  concursos de ingreso, se señaló que para ser admitido en ellos, el aspirante debe reunir los siguientes requisitos correspondientes al área académica o de títulos y/o a las áreas  profesionales:

1) Ser ciudadano portugués o ciudadano de un país de lengua portuguesa con residencia permanente en Portugal, a quien se le reconozca, conforme a la ley y en condiciones de reciprocidad, el derecho a ejercer  las funciones de magistrado.

2) Ser titular de la licenciatura en derecho o legal equivalente  ó; 

3) Tener el rango de maestro o doctor o legal equivalente;  

4) Cumplir con los requisitos de ingreso a la función pública y/o;

5) Para el área profesional, poseer experiencia profesional en el área forense o en un área relacionada correspondiente al ejercicio de las funciones de magistrado, de duración efectiva no menor a cinco años.

En ese sentido, se indicó que ingreso a la formación inicial de los magistrados que se realiza a través del concurso público, dependerá de la aprobación de las pruebas llevadas a cabo que  lo integran,  y que la puntuación  del candidato esté dentro del rango fijado en relación a la cuota del 25% para la admisión de los candidatos provenientes del ejercicio de la profesión.-

A ello se agrega, que los candidatos habilitados para asistir al curso de formación teórico práctico para las magistraturas de los tribunales judiciales deberán manifestar por escrito,  en un plazo de cinco días a contar desde la publicación de los candidatos, si optan por la magistratura judicial o por la magistratura del ministerio público.-

Tales  opciones expresadas por los candidatos van a ser consideradas en función del orden de graduación de los aspirantes, teniendo en cuenta, el conjunto de vacantes a cubrir ya sea en la magistratura judicial o en la magistratura del ministerio público.

 

Sobre los métodos de selección.

En relación a los métodos de selección, se expresó que estos consisten en las  pruebas sobre los conocimientos  con que se examina a los aspirantes,  integradas por dos  etapas  eliminatorias. El examen, que está integrado por una fase escrita y una fase oral –ambos eliminatorios- y la etapa de la evaluación curricular, también eliminatoria. Luego de ello se efectúa un examen de selección psicológica.

Tanto las fases escritas como las orales varían en su contenido dependiendo si se trata de aspirar a los tribunales judiciales o administrativos y fiscales, como también en relación a si se trata a través de la vía académica o profesional.

La fase escrita para los aspirantes a los tribunales judiciales, a través de la vía académica, consiste en la realización de pruebas de conocimiento de tres (3) horas de duración, siendo estas,   una prueba de resolución de casos de derecho civil y comercial y de derecho procesal civil, una prueba de resolución de casos de derecho penal e de derecho procesal penal,  y una prueba de desarrollo de temas culturales, sociales o económicos.

A su vez, la fase antes referida para los aspirantes a los tribunales judiciales a través de la vía profesional, se trata de una prueba de cuatro horas de duración, que  consiste en una composición de una decisión judicial  en base a un conjunto de partes relevantes que contiene generalmente un proceso judicial; y  además de una prueba sobre la materia civil o penal según  la opción del candidato.

Por otra parte, se hizo mención a que la fase escrita para los aspirantes a los tribunales  administrativos y fiscales a través de la vía Académica consiste en  una prueba de resolución de casos  de derecho y  proceso administrativo y tributario y a esta se suma, una prueba de desarrollo de temas culturales, sociales y económicos, ambas de tres horas de duración.

A su vez, la fase escrita, a través de la vía Profesional, consiste en la composición de una decisión tomada de un conjunto de partes relevantes que contiene generalmente un proceso judicial y una prueba sobre la materia administrativa  o tributaria según  la opción efectuada por el candidato, de cuatro horas de duración.

En cuanto a la fase oral, se explicó que para los aspirantes a los tribunales judiciales, a través de la vía académica, consiste en una discusión  sobre temas de: a) Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y la Organización Judicial; b) Derecho Civil y  Procesal Civil y Comercial;  c) Derecho Penal y Procesal Penal;  d) Derecho Administrativo, Derecho económico, Derecho de Familia y de los Niños y Derecho del Trabajo.

En relación a los aspirantes, a través de la vía  Profesional, se agregó que la fase oral consiste en la  evaluación Curricular, que se integra mediante la discusión sobre el currículum y la experiencia profesional del candidato y la discusión sobre temas de derecho, basada en la experiencia profesional del candidato (caso práctico).

Por otra parte, en cuanto a la  fase oral para los aspirantes a los tribunales administrativos y fiscales, a través de la vía académica, se señaló que consiste en una discusión sobre temas de: a) Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea y la Organización Judicial; b) Derecho Civil y Procesal Civil; c) Derecho Administrativo y Derecho Tributario; y d) Procedimiento y proceso Administrativo y Tributario.

Luego, respecto de la fase oral a través de la  vía Profesional, se expuso que ésta  se estructura - como en el caso de los aspirantes a magistrados judiciales-  sobre una evaluación curricular, integrada mediante una discusión sobre el currículum y la experiencia profesional del candidato y una discusión sobre temas de derecho, basada en la experiencia profesional del candidato (caso práctico).

Por último, se efectúa a los aspirantes un Examen Psicológico de Selección en el que sólo se admiten a los candidatos que hayan obtenido una clasificación  igual o superior a diez valores (en una escala de cero a veinte) en todas las pruebas de la fase escrita y de la fase oral. El resultado se expresa por la mención  de “favorable” o “No Favorable”.

 

Sobre la clasificación final.

En referencia a la forma de evaluar a los aspirantes se explicó  que la clasificación final de las pruebas orales y escritas rendidas por los candidatos a través de la vía académica, se  obtiene a partir del promedio  aritmético simple de las clasificaciones obtenidas en la fase  escrita y oral.

Que en relación a aquellas evaluaciones a las que se sometieran los candidatos a través de la vía de la experiencia profesional, la clasificación se establece a partir del  promedio aritmético ponderado de la clasificación de la prueba de la fase escrita (30 %) y de la clasificación obtenida en la evaluación curricular  (70 %).

Por otra parte se hizo referencia a la forma de integración de los jurados de las pruebas escritas y orales. En tal sentido se señaló que la integración del jurado en la fase escrita está compuesto por un mínimo de tres miembros, siendo la regla que esté integrado por un tercio de jueces nombrados por el Consejo Superior de la Magistratura o por el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales; otro tercio de Magistrados del Ministerio Público nombrados por el Consejo Superior del Ministerio Público y el otro  tercio  de juristas de reconocido mérito de otras áreas de la  ciencia y la cultura.

Asimismo, se refirió que en la fase oral  el jurado está compuesto por un mínimo de cinco miembros, siendo la regla que sea integrado  por dos magistrados, uno judicial y otro del Ministerio Público; y tres personalidades de reconocido mérito en el área jurídica u otras áreas de la ciencia y la cultura o representantes de otros sectores de la sociedad civil.

 

Sobre la evolución de los concursos.

En relación a la evolución  experimentada  a través de los concursos realizados, se indicó que: de los datos estadísticos que surgen  del concurso realizado  para  el  curso nro. 29  del año 2010 surge que  las vacantes  fueron ciento veinte (120),  cincuenta y cinco (55) para la Magistratura Judicial y  sesenta y cinco (65) para la Magistratura del Ministerio Público. Los candidatos inscriptos fueron mil cuatrocientos setenta y ocho (1478); los  que realizaron las pruebas de la fase escrita fueron mil ciento sesenta y tres (1163);  los candidatos luego admitidos  en la fase oral fueron trescientos treinta y ocho (338) y los candidatos  posteriormente  aprobados en la fase oral doscientos setenta y siete (277). Por último, el promedio de las clasificaciones obtenidas por los candidatos aprobados en la fase oral fue trece con cero noventa y tres (13,093) valores.

En tal sentido, de los  datos estadísticos que surgen del concurso celebrado para el curso nro. 30 del año 2010 se extrae que en éste, las vacantes del concurso fueron ochenta, cuarenta para la magistratura judicial y cuarenta para la Magistratura del Ministerio Público. Los candidatos inscriptos fueron  mil doscientos cuarenta y siete (1247); a su vez, los que realizaron las pruebas de la fase escrita llegaron a mil ciento cincuenta y siete (1157); Luego, los candidatos  admitidos en la fase oral, FUERON doscientos trece (213); y los candidatos que resultaron aprobados en la fase oral, ciento ochenta y siete  (187). Por último, el promedio de las clasificaciones obtenidas por los candidatos aprobados en la fase oral, en este concurso fue de doce con ciento sesenta y cinco  (12,165) valores.

Un  dato estadístico significativo, que fue destacado por su relevancia, es que, en los últimos diez años, el promedio de candidatas mujeres admitidas ha sido superior al 70 % del total de los admitidos.

Otros datos estadísticos expuestos muestran la evolución de la cantidad de aspirantes a los concursos en relación a las vacantes de los cursos, exhibiendo  una disminución progresiva de la cantidad de aspirantes. Así se señaló que:

En el año 2005, los candidatos fueron mil novecientos ocho (1908), de ellos los admitidos fueron ciento cuarenta (140).

En el año 2006, los candidatos fueron dos mil ciento ocho (2108), de ellos los admitidos fueron cien (100).

En el año 2007, los candidatos fueron dos mil noventa (2090), de ellos fueron admitidos cien (100).

En el año 2008, los candidatos fueron mil novecientos veintiséis (1926), de ellos fueron admitidos cien (100), de lo académico setenta y tres (73) y de lo profesional veintisiete (27).

En el año 2009, los candidatos fueron mil seiscientos veintitrés (1623), de ellos fueron admitidos cien (100), de lo académico setenta y cuatro (73) y de lo profesional veintiséis (26).

En el año 2010, los candidatos fueron mil cuatrocientos setenta y ocho (1478), de ellos fueron admitidos ciento veinte (120), de lo académico ochenta y cuatro  (73) y de lo profesional treinta y seis (36).

 

Sobre la condición funcional de los habilitados.

Los candidatos habilitados del concurso asisten al curso de formación con la condición de Auditor de Justicia y están sujetos a los derechos, deberes e incompatibilidades  mencionados en la Ley Nro. 2/2008, del 14 de  enero y en el Reglamento interno del Centro de Estudios Judiciales.

Como hiciera referencia previamente, los candidatos habilitados podrán optar por la magistratura judicial o del ministerio público, hasta cinco días después de su habilitación como tales.

 

Sobre los cursos de formación.

En  relación a ello, se expresó que los cursos han sido organizados  en dos ciclos. Un primer ciclo  que transcurre desde el 15 de septiembre al 15 de julio siguiente,  en el centro de estudios judiciales con etapas intermedias en los tribunales. Y un segundo ciclo que transcurre desde el 15 de septiembre al 15 de julio  siguiente,  según  sea a través de la  vía académica,  o hasta  el 28/29 de febrero siguiente, si es a través de la vía  profesional, y tiene lugar con la participación de los magistrados formadores del poder judicial.

 En cuanto a los componentes de formación que integran la capacitación del primer ciclo se describió que éstos se dividen en: 1) Componentes de formación general, 2) Componentes de formación profesional; y 3) Componentes de formación de la especialidad.

Los de formación general los integran los Derechos Fundamentales y el Derecho Constitucional; la Ética y Deontología profesional; las Instituciones y Organizaciones Judiciales; la Metodología y Discurso Judicial; la Organización, Métodos y Gestión del Proceso; la lengua extranjera.

 Los  de formación profesional están conformados  por los  Derechos Civil, Comercial, Procesal Civil; el Derecho Penal y Procesal Penal; el Derecho contra el Orden Nacional; el Derecho de Familia y de los niños; el Derecho del Trabajo  y  de la Empresa.

Los de formación de la especialidad los constituyen el Derecho Europeo e Internacional; la Contabilidad y Gestión; la Psicología Judicial; la Sociología Judicial o el Derecho Administrativo o el Derecho de la Competencia y la Regulación Económica, debiendo  optar el cursante por una  de las tres-; la  Investigación Criminal y la Gestión de Investigación.

El primer ciclo al que hacemos referencia, cuenta además con un contenido de formación común tanto para magistrados judiciales como del ministerio público, impartido  por grupos  mixtos de auditores.

 A su vez, lo integra un contenido de formación específica que asegura la diferenciación de los contenidos funcionales y técnicos de cada Magistratura, dictado por grupos específicos de Auditores destinados a la misma magistratura.

Sobre la metodología de evaluación en el primer ciclo, se explicó que esta es variable, que se la realiza mediante una evaluación continua en los componentes de formación profesional, y a su vez, se realizan pruebas de conocimiento en la mayoría de las materias.

A ello se agregó que la  metodología (de enseñanza, de evaluación?) utilizada consiste –por regla-  en sesiones impartidas  a grupos de 13/15 auditores con discusión de casos prácticos y con apoyo en procesos reales desde una perspectiva de la práctica judicial, presentaciones por  los Auditores y simulaciones de actos,  visitas de estudio (Por ejemplo: Centros  Educativos y Establecimientos Carcelarios), Workshops y Conferencias.

Posteriormente, se hizo referencia a que el segundo ciclo se centra en la participación de los auditores de justicia en las propias actividades judiciales, asistiendo a los entrenadores en actos de investigación e instrucción criminal, interviniendo además en los actos preparatorios del proceso que no son exclusivos de la función jurisdiccional y colaborando en la preparación de proyectos.

Por último, se expuso que ya en la etapa de admisión, los magistrados en aprendizaje  ejercen funciones inherentes a la respectiva magistratura con la asistencia de formadores pero bajo su propia responsabilidad y, en razón a ello, se encuentran sujetos a los regímenes de deberes, derechos e incompatibilidades de los magistrados; y que a la vez, en su práctica profesional, están bajo la orientación pedagógica del Centro de Estudios Judiciales y, tanto en lo funcional, como en lo disciplinario, sujetos a los respectivos Consejos Superiores de las Magistraturas de los que dependen.

Cierre de las Jornadas.

Las jornadas se cerraron citando las palabras del jurista portugués Cunha Rodrigues en las que expresa que la Magistratura es: “….una profesión de desgaste rápido; especialmente para aquellos que no saben descubrir el lugar en que se resuelven los conflictos de armonización y de concordancia práctica a que se encuentran expuestos.  Y vivir permanentemente entre límites. (…) Y saber cómo manejarse con la seguridad y con el álea, con la verdad y la mentira, con lo singular y lo universal…”.